Última reforma laboral y el 11-M sacan a los españoles a las calles

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La huelga general convocada para del 29 de marzo por los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), los mayores de España, ha tenido hoy domingo un ensayo con unas 60 manifestaciones en todo el país; congregando la de Madrid más de medio millón de personas, según datos que recoge El País.

 

En un día en el que además, la sociedad española recuerda el fatal y mayor atentado terrorista padecido por el país el 11 de marzo del año 2004. Lo que ha hecho que salgan también a las calles miles de personas, agrupadas en las diversas asociaciones de víctimas de terrorismo existentes, que evidencia por otro lado las cruentas divisiones que al respecto también existe.

 

Un controvertido día para España

Por ello muchos criticaron la postura sindical de salir a las calles, precisamente el mismo día en el que se recuerda aquel fatal atentado islamista que costo la vida de 191 personas y resultaron heridas 1858. Por mezclar, en suma, el recuerdo por el dolor por aquellas víctimas, con las reivindicaciones políticas y sociales que toda protesta sindical entraña.


Huelga general contra la reforma laboral de Mariano Rajoy

La medida de protesta programada para fines de mes se producirá casi dos años después de la última huelga general organizada en septiembre de 2010 durante el Gobierno del entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora le tocará el turno al nuevo Ejecutivo español presidido por Mariano Rajoy Brey, quien no ha podido acordar con los sindicatos una reforma laboral acorde a sus expectativas, aunque si aceptada por los gremios empresariales.

Lo que les saca ahora a las calles para pedir que sea revisada al considerar que facilita el despido y la reducción unilateral de salarios, y con la que se “pretende reducir el precio de trabajo y empobrecer a las personas”, según Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC.OO., y con la que Rajoy pretende aprovecharse de “la crisis para hacer un duro ajuste de cuentas a los derechos laborales y a los derechos sociales”, de acuerdo a Cándido Méndez, secretario general de UGT.